La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma parcial a un artículo de la Constitución para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

La reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, se aprobó con el voto de 82 de los 151 legisladores que integran el Parlamento. Esta reforma constituye un camino hacia el establecimiento de bases militares extranjeras con la excusa de que "permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado ecuatoriano".

Durante el debate, la legisladora ponente del informe, la oficialista Nataly Morillo, sostuvo que con la aprobación de esta reforma, el Estado "dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado trasnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta a la vida cotidiana".

Entre los argumentos para sostener la cesión de soberanía, dijeron que durante la operación de la Base de Manta, "las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498 %", dice el escrito. Ello, en referencia a la base que operó durante un década Estados Unidos hasta que, en 2009, se prohibieron este tipo de instalaciones militares en la Constitución ecuatoriana promovida bajo el mandato presidencial de Rafael Correa.

La legisladora Nuria Butiñá, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por Correa, advirtió que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.

El documento aprobado este martes deberá ser remitido a la Corte Constitucional, que tiene un plazo de 20 días para el análisis. De conformidad con el artículo 442 de la Constitución, una vez aprobada la reforma, se convocará a referéndum dentro de los siguientes 45 días. Para su aprobación se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos "terroristas" y actores beligerantes no estatales.