La asesora de incapaces Carina Quinteros es una de las voces institucionales que se suma a las que ya vienen advirtiendo sobre la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y regresividad que implicaría una baja de la edad de punibilidad como la que impulsa el gobierno nacional.

"Por supuesto que no compartimos este proyecto enviado al Congreso de la Nación, por el cual se pretende bajar la edad de punibilidad de los menores de edad. E incluso esto ha sido reforzado por una declaración conjunta que hizo el Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales de nuestro país, donde ha participado la asesora general (de incapaces de Salta, Mirta Lapad), que es la que ejerce la jefatura de los asesores de menores en el Ministerio Público de la provincia", explicó Quinteros en una conversación con Salta/12 en la que expuso la posición del Ministerio Público Pupilar de Salta en contra de la baja de la edad de punibilidad. 

Un dictamen de comisión en la Cámara de la Diputados de la Nación habilita el tratamiento de la reforma del régimen penal para niños, niñas y adolescentes, y pretende bajar la edad de punibilidad a los 14 años de edad. El Poder Ejecutivo Nacional viene promoviendo esta idea de someter a procesos penales a una franja etaria de chicos y chicas que hoy no son punibles, su propuesta inicial pretendía fijar la edad de punibilidad en 13 años, pero no obtuvo consenso.

El Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales se pronunció pidiendo al Congreso "que no trate este proyecto de ley. El objetivo fundamental es procurar que no se baje la edad de punibilidad porque esto se trata de una medida que nosotros denominamos regresiva en lo que hace a la protección de derechos", expresó la asesora.

Señaló que la Argentina tiene fijada la edad mínima de punibilidad "desde hace muchos años, inclusive una edad tan alta ha sido fijada por una ley (la N° 22.803) que se sancionó en plena época del (autodenominado) Proceso (de Reorganización Nacional), o sea, en una época de restricción de derechos, y aún así se ha considerado que la edad mínima era de 16 años". 

Luego el país ratificó la Convención de los Derechos del Niño, en 1990, mediante la Ley N° 23.849 , y en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. le otorgó jerarquía constitucional junto a otros tratados internacionales de derechos humanos.

"Y esta Convención, así como los tratados internacionales o el derecho internacional, establecen que cuando un país adoptó una medida protectoria de derechos, luego no podría retroceder en esa protección", advirtió Quinteros.

"Si Argentina bajara la edad de punibilidad, estaría tomando una medida que es inconstitucional, que se aparta del tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño y por eso se la considera una medida regresiva", agregó.

"He podido leer este proyecto, que tiene dictamen favorable (...) Se pretendía bajar la edad a 13 años, pero el consenso que se logró y yo rescato que el único consenso, ha sido fijarla en 14 y no en 13 años. Y esto ha sido producto de la negociación legislativa previa. Lo importante es que este proyecto, que es el que se va a tratar luego, tiene tantos dictámenes de minoría, que realmente, lo que representan son objeciones", destacó.

Quinteros señaló que el proyecto tampoco respeta "el principio de especialidad", ya que "adopta un abanico de medidas penales que deberían ser el último recurso a  aplicarse en el caso de los jóvenes en conflicto con la ley penal". "Además, es un proyecto que está criminalizando a la infancia y a la adolescencia, porque si bien en Argentina se deja de ser niño a los 13 años y a partir de ahí se pasa a ser adolescente, este proyecto, al pretender aplicar un régimen penal juvenil para los adolescentes a partir de los 14 años, lo que hace es directamente criminalizarlos, en el sentido de que los va a someter a un proceso penal", advirtió.

El Estado incumple el deber de prevenir

Quinteros señaló también el documento de "las directrices de Riad", de 1990, que rige para los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra Argentina. "Allí se marca la necesidad de que existan políticas públicas de prevención del delito de los adolescentes. Y de que toda la sociedad, y por supuesto, incluye al Estado, a la comunidad, a las familias, hagan grandes esfuerzos para que los adolescentes, no tengan que elegir el camino de la delincuencia", explicó.

Desde su experiencia en la asesoría de Salta, Quinteros señaló que la mayoría de adolescentes que cometen delitos, "tienen muchos de sus derechos vulnerados". "Y con esto me refiero al derecho a la educación, muchos de ellos han dejado la escuela, han desertado del sistema escolar, en algunos casos carecen de cuidados familiares, en otros casos carecen de protección a su salud, y particularmente muchos de ellos, de los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal, son jóvenes que han caído en las adicciones, concretamente en el consumo de sustancias prohibidas", precisó.

"Y lamentablemente el Estado no ofrece políticas públicas, políticas de salud pública que sean efectivas para afrontar este problema de las adicciones, que es un flagelo que azota a todo nuestro país y que, en mi opinión personal y a partir de mi función, creo que es una de las causas más importantes por las cuales los adolescentes entran en conflicto con la ley penal y cometen delitos", aseveró.

Ante este panorama, Quinteros consideró paradójico que el Estado ahora pretenda bajar la edad de punibilidad para incluir a los adolescentes no punibles en un proceso penal cuando "está incumpliendo ese deber de prevención". "Es inadmisible que el Estado, que está ausente en este deber de protección de los derechos de los adolescentes, después se enfoque solamente en las consecuencias de esa falta de políticas públicas", subrayó.

En el país rige la Ley Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, Nº 26.061. Y Salta adhiere mediante la Ley Provincial 7970. "Ahora, ¿qué pasa con este sistema de protección integral? También carece de los recursos suficientes como para que el Estado pueda hacerse cargo de la terrible situación por la que atraviesan algunos niños a partir de la falta de políticas públicas de protección de sus derechos. Y no solo de los niños, sino también hacia las familias, porque los padres, que son los primeros responsables de la crianza de los hijos, también tienen derecho a recibir ayudas del Estado, para la crianza de los hijos", manifestó Quinteros.

Los impactos del ajuste 

La asesora mostró preocupación por la situación que atraviesa actualmente el país ya que impacta en niños, niñas y adolescentes y sus familias y se refleja en las problemáticas que abordan en la Asesoría de Incapaces.

"Existen números de que la pobreza ha incrementado y las mayores afectadas son la infancia y la adolescencia, además del retiro del Estado, de políticas públicas que eran justamente destinadas a adolescentes (...) Lo que ocurre con el área de discapacidad. Esto afecta gravemente a los derechos de los chicos", advirtió.

"Nosotros lo vemos acá a partir de los informes de las situaciones, no sólo de pobreza, sino que también a partir de la situación económica, los chicos no están teniendo acceso a muchos derechos, que les garantizan que puedan ser insertados cuando se hagan mayores en la sociedad como una persona, como un ciudadano que sea útil para la sociedad", afirmó.

"Los informes sociales que nosotros vemos son muy tristes, sobre todo en las personas carentes de recursos. Hay chicos que a veces no van a la escuela porque no tienen zapatillas, gente que no tiene para comer, la situación es muy delicada realmente. Y, por supuesto, los primeros afectados son los niños", expresó.

El encierro no previene el delito ni resocializa

"Yo siempre les voy a decir que no es lo mejor que un adolescente crezca privado de la libertad porque no es como un adulto que ha podido ejercer una opción de cometer un delito. El adolescente, en algunos casos a partir de esta vulneración de derechos que yo les señalaba, no ha podido optar. A veces tienen inclusive padres que los han iniciado en la comisión de delitos", sostuvo Quinteros.

La asesora consideró que el encierro de adolescentes no previene el delito ni evita la reincidencia, ni resocializa. "Mi visión desde acá, desde mi función, es que la mayoría vuelve a caer en la delincuencia y la mayoría, le puedo decir, por lo menos de los que yo puedo tener conocimiento, terminan en la cárcel, en el servicio penitenciario", reveló. 

"Justamente porque, a veces es muy difícil revertir la situación de vulneración de derechos, si el Estado no estuvo presente en el momento en el que este chico no iba a la escuela, no tenía los cuidados adecuados, no tenía la atención de salud suficiente. Tratar las consecuencias, que uno de sus exponentes mayores es la comisión del delito, (implica que) el Estado llega tarde cuando se ocupa simplemente de atender el delito", añadió.