La titular de la Fiscalía Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, María Cecilia Incardona, libró un oficio internacional solicitando la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (Homeland Security) en la causa por presunto lavado de activos contra las ferias que componen el complejo comercial La Salada.

"Estas organizaciones constituyeron un circuito de mercado ilegal, consistente en la comercialización, alquiler y venta de puestos destinados a terceros para la comercialización cotidiana de productos con marcas adulteradas y falsificadas, en contravención a la ley 22.362, tratándose de alrededor de 2975 puestos", sostiene el escrito de apenas tres páginas al que tuvo acceso Buenos Aires/12. 

"A su vez, gestionaban la seguridad de los locales y de las personas, la venta de servicios de publicidad, entre otros, mediante las cuales obtenían grandes sumas de dinero y distintos bienes. Estableciendo así, las condiciones que permitieron la ejecución de ilícitos y de operaciones de blanqueo de capitales", concluye, aunque sin fundamentar dichas afirmaciones.

Desde el comienzo de la causa, distintos actores con acceso al expediente deslizaron que el impulso se debía a un pedido de empresas textiles y de artículos deportivos con vínculos con la American Chamber (AmCham) y la embajada de ese país. 

"Por un lado hay un prejuicio ideológico muy fuerte contra la feria, por parte de algunos sectores del oficialismo, y un encono histórico por parte de la embajada de Estados Unidos y algunas grandes marcas deportivas, de textiles y calzado. En teoría, vinculado a las acusaciones de falsificación, pero que en realidad tiene que ver con que la feria expuso los enormes márgenes de rentabilidad de las marcas, en muchos casos a expensas de la dignidad de los fabricantes, que trabajan en talleres y vivían precariamente", dijo en una entrevista con Buenos Aires/12, el abogado defensor de Jorge Castillo, César Albarracín. 

Reafirmando esa hipótesis asegura ahora que en sus años de profesión aprendió que "estos oficios nunca se emiten al azar, sino que son el resultado de contactos y gestiones previas".

La Homeland Security es una área ejecutiva del gobierno federal de EEUU, creada luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Para este mandato, el presidente Donald Trump designó a cargo a Kristi Noem Arnold, una politóloga de Dakota de 53 años de edad.

De acuerdo a la web oficial del organismo, su misión consiste en combatir todas las formas de terrorismo, mejorar los mecanismos de cyberseguridad de todas las redes e infraestructura crítica, asegurar y modernizar fronteras, puertos y aeropuertos, establecer un sistema migratorio justo, ordenado y humano, alistar la nación para responder y reponerse en casos de desastre y combatir los crímenes de explotación y trata y proteger a sus víctimas. Ninguno de esos objetivos parece consistente con la problemática de La Salada.

El pedido de intervención extranjera de la fiscalía coincide con la demora por parte del juez federal Luis Armella en levantar la clausura de las tres ferias, a pesar de contar, desde comienzos de esta semana, con toda la documentación correspondiente a su disposición. 

Tanto los feriantes como las autoridades municipales descontaban que la reapertura e produciría en estos días, por haberse resuelto todos los pedidos de la fiscalía vinculados a falsificaciones, operaciones no registradas y subfacturación. Sin embargo, ello no ocurrió y Armella permanece en silencio.

Ocurre que La Salada es señalada en reportes del FBI desde hace al menos una década como una zona caliente en materia de falsificación y contrabando. El cierre definitivo del predio integraría, según especulan los feriantes, el pliego de condiciones de los Estados Unidos por el apoyo económico recientemente consumado a través del FMI, en el marco del alineamiento irrestricto de Javier Milei con Donald Trump. 

Tras varios días sin poder trabajar y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales y la Justicia federal, tanto feriantes como empleados y proveedores de servicios anexos iniciaron la semana pasada un corte de ruta sobre Camino Negro.

El hecho terminó con una violenta represión por parte de las fuerzas federales, de la que algunos manifestantes intentaron defenderse. Los expertos coinciden en que el azar colaboró para evitar que se produjera una tragedia aún mayor porque "la gente está desesperada". Desde entonces, las partes, a excepción de la administración nacional, trabajan contrarreloj para subsanar irregularidades y apurar la reapertura.

El grueso de los feriantes perdió su mercadería en el allanamiento de mayo, que quedó retenida, con custodia policial, en el predio al que no pudieron volver a ingresar. La mayoría de ellos tiene desarrolladas marcas propias, otros comercializan prendas básicas, sin marca, y los menos copian a primeras marcas. También se dan, en un mismo taller, distintas combinaciones de estas modalidades.

El elemento común a todos ellos es que esas prendas constituyen su capital de trabajo. Simplemente con la feria cerrada, podrían haber buscado una estrategia de comercialización alternativa. Pero el secuestro de ropa, de marca y no de marca, los empuja a una situación de creciente desesperación.

Quién es quién

En tanto juez de la jurisdicción de Quilmes, Armella tuvo responsabilidad sobre la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), pero fue separado del cargo en 2012, tras comprobarse que había favorecido la contratación de diversas empresas vinculadas a amigos y familiares.

A pesar de su procedencia peronista, Armella no digirió aquel golpe y construyó relaciones con el entonces ascendente macrismo. En 2016 ordenó allanar las oficinas de las municipalidades de Florencio Varela y Berazategui, entonces comandadas por Julio Pereyra y Patricio Mussi respectivamente. Esa causa, como tantas impulsadas por Elisa Carrió, quedó en nada. 

Ubicada a la vera del Riachuelo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, La Salada es la feria más grande de América Latina. Nació en los noventa, como respuesta de los talleres de confección que trabajaban para las grandes marcas, pero vivían al borde de la quiebra por las condiciones abusivas que estas les imponían.

A partir de la apertura de las ferias, desarrollaron un modelo de venta directa, del productor al consumidor, con márgenes de ganancia mínimos y grandes volúmenes. Esa política funcionó durante años como salario indirecto de los sectores populares. Sin la feria, los vendedores dicen que el gran ecosistema textil del conurbano deberá aceptar las condiciones leoninas de las grandes marcas.